Participación en encuentros de inclusión y desarrollo. Ponente en programas internacionales de liderazgo de Naciones Unidas y organizaciones de EE. UU. Formación en gobernanza, liderazgo comunitario e intercambios con líderes de Latinoamérica.
Un pelao del barrio,
solamente necesita
una oportunidad.
Nací y crecí en el barrio La Manga, donde, caminando sus calles, entendí que una oportunidad puede cambiar una vida. Soy prueba de que un pelao del barrio, cuando recibe esa oportunidad, puede convertir sus sueños en servicio público. Allí formé mis metas, y junto a las comunidades afro del Atlántico construí mis luchas.
Fui concejal porque creo profundamente que la política es el medio para transformar realidades, y hoy sé que el destino de Barranquilla está íntimamente ligado al destino de todo el departamento.
Soñar es el primer paso, convertir esos sueños en oportunidades es el compromiso. Por eso quiero llegar al Congreso de la República: para pelear por presupuesto real para proyectos productivos, vivienda, empleo y cultura en el Atlántico, y para que el ejemplo de progreso de Barranquilla se replique en todos los municipios.
No voy a ocupar una curul; voy a representar a quienes nunca son escuchados en las decisiones de alto nivel.
La Ley de Paz Barrial será la política de Estado que creará el Sistema Nacional de Paz Barrial y reglamentará un modelo de paz descentralizado, construido desde los barrios de acuerdo con las necesidades particulares de cada territorio. La Paz Barrial se implementará mediante el aumento del acceso a la oferta social del Estado, con liderazgo de las juventudes y la comunidad, en coordinación con las autoridades locales y con el fortalecimiento de la fuerza policial local.
En términos constitucionales y legales, su implementación implica una reforma a los artículos 216 y 218 de la Constitución mediante un acto legislativo que modifique la naturaleza nacional de la Policía, creando un nuevo cuerpo de policía departamental autónomo. Alternativamente, se podrá presentar un proyecto de ley que cree un cuerpo policial especializado con funciones administrativas y judiciales en los territorios.
En términos programáticos, su puesta en marcha requiere un diagnóstico local para orientar el acceso efectivo a la oferta social del Estado (salud, educación, seguridad e infraestructura social), el fortalecimiento de la inclusión social y la participación ciudadana con énfasis en juventudes, la implementación de medidas diferenciales para población vulnerable, la articulación con autoridades locales y la atención especializada de un nuevo cuerpo de Policía Metropolitana con enfoque comunitario que incida en la seguridad, la convivencia y el acceso a la justicia en los barrios.
En cuanto al impacto fiscal, el Sistema Nacional de Paz Barrial se financiará con recursos del Fondo Paz del DAPRE y con partidas presupuestales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo Local.
Plan X: Acto Legislativo para reforma constitucional (artículos 216 y 218)
El artículo 216 de la Constitución Política establece que la fuerza pública está integrada exclusivamente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En ese sentido, se presentará un proyecto de acto legislativo que incorpore un nuevo cuerpo policial departamental dentro de la fuerza pública.
Por su parte, el artículo 218 señala que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es garantizar el ejercicio de derechos y libertades públicas y asegurar la convivencia pacífica. La propuesta consiste en otorgar autonomía territorial a la Policía, para que quede jurídicamente y administrativamente a cargo de las entidades territoriales.
Se propone presentar un proyecto de ley para la creación de una policía territorial bajo la dirección general de la Policía Nacional. Este cuerpo de efectivos especiales tendrá funciones descentralizadas, manteniendo el carácter unitario de la fuerza pública nacional.
La policía cívica territorial tendrá competencias administrativas en apoyo a la Policía Nacional en materia de seguridad. Su financiación y operación serán escalables y progresivas, según el marco fiscal de cada entidad territorial, con recursos propios y aportes del Gobierno Nacional a través de los fondos de seguridad y convivencia ciudadana. La asignación dependerá de la categoría del municipio, distrito o departamento.
La reforma incluirá una cláusula presupuestal obligatoria, la descentralización de los recursos, la garantía de coordinación intergubernamental y la transparencia en los datos relacionados con los presupuestos destinados a juventudes. Asimismo, fortalecerá los mecanismos de participación con poder vinculante, asegurando una incidencia real de los jóvenes en la toma de decisiones públicas.
El Programa Nacional de Garantía Juvenil estará dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años y brindará apoyo integral para el acceso a educación superior, formación para el trabajo y emprendimiento en sectores con alta demanda laboral. También incluirá acompañamiento socioemocional, incentivos para jóvenes en mayor condición de vulnerabilidad y gestión activa para facilitar el acceso a la oferta institucional del Estado.
El programa se fundamenta en orientación y seguimiento personalizados durante todo el proceso, potenciando las capacidades ya existentes en el Estado. La ley garantizará que cada joven inscrito acceda a una oferta de empleo, educación superior o formación para el trabajo en un plazo máximo de seis meses.
1. En empleo:
Se proponen ajustes a la Ley 2214 de 2022 (Empleo Juvenil) y a la Ley 1429 de 2010 (Formalización y Generación de Empleo), incorporando medidas verificables con enfoque de género y fortalecimiento de habilidades socioemocionales.
2. En emprendimiento:
Se plantea flexibilizar los requisitos establecidos en la Ley 1780 de 2016 y simplificar el acceso a créditos y fondos destinados a emprendimientos liderados por jóvenes, facilitando su sostenibilidad y crecimiento.
“Plata con reglas claras, no favores”
Se propone una reforma parcial a la Ley 2456 de 2025 para garantizar que los recursos del Fondo Nacional de Discapacidad y Cuidados se asignen con criterios jurídicos, técnicos y verificables, y no por intermediación o lobby político. Esto permitirá que municipios rurales como Suan, Repelón o Piojó accedan a financiamiento directo y sostenible para sistemas de apoyo, educación inclusiva, transporte accesible y proyectos productivos rurales, pesqueros o agrícolas.
La reforma busca, además, incorporar una disposición específica dentro de los programas nacionales de fomento productivo (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura y Ministerio de Comercio) que obligue a incluir el enfoque de discapacidad y cuidado como criterio de acceso, prioridad e incentivo en sus convocatorias y líneas de financiación.
“Una ventanilla, no diez filas”
Actualmente, sin certificado de discapacidad y sin inscripción en el registro correspondiente, las personas no pueden acceder a subsidios, proyectos ni servicios. El proceso es lento, fragmentado y especialmente excluyente en municipios rurales.
Se propone elevar a rango legal la Resolución 1179 de 2024 para establecer una Ruta Única de Certificación y Registro en cada departamento. En el caso del Atlántico, esto permitirá articular IPS, hospitales, alcaldías y secretarías mediante puntos móviles en municipios como Candelaria, Usiacurí o Luruaco, donde hoy el acceso es prácticamente inexistente.
“Reconocimiento con ingreso y protección”
La Ley 2297 de 2023 reconoce a la persona cuidadora, pero no establece obligaciones jurídicas claras ni financiamiento obligatorio. El trabajo de cuidado continúa siendo invisible, no remunerado y asumido principalmente por mujeres en condición de pobreza.
Se propone transformar esta ley en un Estatuto Jurídico del Cuidador que incluya:
Bono económico para cuidadores en condición de pobreza.
Programas de respiro del cuidado.
Formación certificada con posibilidad de vinculación laboral.
Acceso progresivo a salud y pensión.
Se propone reformar la Ley 115 de 1994, en articulación con la Ley 982 de 2005 y el Decreto 1421 de 2017, para garantizar que las Secretarías de Educación estén obligadas a implementar de manera efectiva el modelo bilingüe bicultural.
Esto incluye:
Vinculación en propiedad de docentes sordos.
Incorporación de modelos lingüísticos e intérpretes en todos los niveles educativos.
Adaptación de los entornos escolares para asegurar accesibilidad real.
En primer lugar, se propone establecer esquemas diferenciales de prestación del servicio para el sector de agua en zonas especiales, con base en las áreas definidas en la Ley 812 de 2003. El objetivo es reconocer las condiciones particulares de estos territorios y adaptar la prestación del servicio a sus realidades sociales, económicas y geográficas.
Posteriormente, se impulsará un proyecto de ley que reglamente un subsidio adicional para los suscriptores de dichas zonas, mediante la creación de un fondo que permita garantizar la prestación del servicio de acuerdo con las condiciones específicas de cada territorio, sin afectar el funcionamiento general del sistema. Esta iniciativa incorporará excepciones en materia de medición, forma de pago y estimación de consumos.
La propuesta incluye:
Creación del Fondo de Agua Social (FAS), con un subsidio mínimo de $300 por m³ en acueducto y $150 por m³ en alcantarillado para usuarios de zonas especiales.
Asimilar los acueductos a los distritos de riego, otorgando un 50% de subsidio en el consumo de energía eléctrica.
Exonerar a los acueductos del pago de contribución por energía.
Biografía
del barrio a escenarios locales, nacionales e internacionales.














Soy Estefanel Gutiérrez Pérez (Barranquilla, 1991), un pelao del barrio que convirtió sus sueños en servicio público. Fui el primer joven afro en llegar al Concejo de Barranquilla, donde demostré que la política sí puede transformar vidas. Soy abogado, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes y L.L.M. del American University Washington College of Law, con formación avanzada en derechos humanos.
Fui becario del Departamento de Estado y de la ONU. Mi trabajo con comunidades vulnerables, juventudes y madres cuidadoras me ha llevado a liderar causas ciudadanas clave, como el desmonte del antiguo Puente Pumarejo, la mejora del aeropuerto y la defensa de la infraestructura social que necesita nuestra gente.
Soy casado y padre de dos hermosas niñas.
Vengo con la fuerza de mi historia y con una convicción clara:
Nacido en el barrio La Manga, Barranquilla. Formado entre líderes comunitarios y colectivos barriales. Abogado, con enfoque en derechos ciudadanos e inclusión. Profesional destacado y becario.
Gestión de procesos en más de 100 barrios. Acompañamiento integral y permanente a poblaciones vulnerables. Participación activa en redes de liderazgo de ciudad.
Representación en mesas nacionales de juventud y participación inclusiva.
Invitado a espacios de incidencia para temas étnicos
y territoriales.
Colaborador de alcance nacional.
Participación en encuentros de inclusión y desarrollo. Ponente en programas internacionales de liderazgo de Naciones Unidas y organizaciones de EE. UU. Formación en gobernanza, liderazgo comunitario e intercambios con líderes de Latinoamérica.
Como Concejal he defendido causas que nacen del territorio y del clamor de la gente. Aquí algunos resultados claros:
Garantizar que las comunidades afro y étnicas sean escuchadas, respetadas y representadas con fuerza en el Congreso. Llevar la ruta comunal afro que hicimos en Barranquilla, a otro nivel.
Impulsar proyectos públicos que transformen barrios y municipios, priorizando dignidad, movilidad y bienestar comunitario. La transformación que hoy agradece Barranquilla, debe suceder en todos los municipios de Colombia.
Trabajaré con total transparencia: cuentas claras, seguimiento a mi gestión en tiempo real y control ciudadano permanente para que cada decisión y cada peso decisión pública se haga con honestidad y en favor de la gente.
Vengo del barrio y nunca olvidaré de dónde salí: cada ley que impulse será para abrir caminos, mejorar vidas y honrar la confianza de mi gente, de las organizaciones comunales, y de los sectores populares: a quienes me debo por completo.
Vengo del barrio y nunca olvidaré de dónde salí: cada ley que impulse será para abrir caminos, mejorar vidas y honrar la confianza de mi gente, de las organizaciones comunales, y de los sectores populares: a quienes me debo por completo.
Mi forma de trabajar:
+ 100 barrios visitados
+ 200 líderes comunitarios
+ Mesas juveniles y étnicas permanentes.
+ Equipo profesional multidisciplinar que apoya mi gestión y asesora para que todo se haga de forma efectiva y conforme a la ley.
+ Conocimiento robusto en temas presupuestales y de planes de desarrollo.
+ Revista pública de gestión.
+ Publicación transparente y activa en canales de comunicación.
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“Concejal de Barranquilla critica al Gobierno Nacional por el desmonte del antiguo..
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